Los trastornos de conducta alimentaria (TCA) en nuestro país presentan rangos de prevalencia en la población de mayor riesgo (mujeres entre 12 y 21 años) del 4,1-6,4%, disminuyendo hasta el 0,27-0,90% en los varones adolescentes. El hecho de afectar a un grupo de población muy valioso socialmente, de asociarse a una mayor mortalidad con relación a la población general y presentar cierta tendencia a la cronicidad, hace que se consideren un problema de salud pública. Además, un porcentaje importante de la población que padece estos trastornos (67-83%) no están siendo tratados adecuadamente.
En los países occidentales con sistemas sanitarios públicos en los que la atención primaria constituye la entrada del paciente al sistema (España, Gran Bretaña, etc.), el primer nivel de salud debería jugar un papel clave en el diagnóstico y tratamiento de la mayoría de las enfermedades, incluyendo los TCA. Es en este nivel donde debería realizarse la detección y tratamiento precoz de los TCA para prevenir la cronicidad y mejorar el pronóstico, aparte de atender a aquellos pacientes que tienen difícil accesibilidad o no quieren ser vistos en salud mental.
Las guías clínicas nacionales sobre TCA adscriben a atención primaria las siguientes funciones:
- Identificar a las personas con riesgo de padecer TCA y establecer un diagnóstico precoz.
- Decidir si se puede tratar en atención primaria o derivar a salud mental.
- Informar sobre la enfermedad a pacientes y familiares.
- Iniciar el tratamiento nutricional y controlar las complicaciones físicas.
Sin embargo, atención primaria no estaría cumpliendo su papel en el manejo de los TCA, seguramente porque la formación de los médicos de familia, en este tema, es insuficiente y no se sienten seguros con estos pacientes, que son percibidos como enfermos difíciles, consumidores de tiempo y que deben ser tratados específicamente por salud mental, por profesionales especializados en el tratamiento de los TCA.